ACCESIBILIDAD DE APLICACIONES PARA MÓVIL Y PÁGINAS WEB PÚBLICAS Y DE LAS ADMINISTRACIONES

Mediante esta comunicación ponemos en vuestro conocimiento que, con fecha 23 de junio entra en vigor la norma que definitivamente obliga a que las Aplicaciones para teléfonos móviles desarrolladas por las Administraciones Públicas o por Empresas que presten servicios públicos deban cumplir las normas de accesibilidad legalmente reconocidas.

El Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios Web y Aplicaciones para dispositivos móviles del sector público fijó el 23 de junio de 2021 como fecha límite para que las Aplicaciones móviles de Organizaciones del Sector Público cumplan con los requisitos de accesibilidad universal para las personas con discapacidad.

El citado Real Decreto exigía el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad a las páginas Webs en el mismo año de su entrada en vigor, 2018, y estableció un plazo de dos años para aquellos sitios Web ya publicados, o sea 2020. Sin embargo, para las Aplicaciones móviles se concedió un margen más amplio, que finaliza el día 23 de junio del 2021.

Para ser accesibles y cumplir con las medidas marcadas por el diseño universal, éstas Apps, habrán de ser compatibles con herramientas de apoyo, como por ejemplo, los lectores de pantalla, además de permitir los ajustes precisos para establecer el contraste de color, luz y brillo, tamaño y tipología de la letra, descripción de imágenes y textos alternativos, y todas aquellas otras características que fijan las regulaciones técnicas.

Entre los Organismos que han de disponer de sus Aplicaciones para móvil accesibles ya el 23 de junio, se encuentran los relativos a la Administración General del Estado; las Administraciones de Comunidades Autónomas; las Entidades que integran la Administración Local; el Sector Público Institucional; las Asociaciones constituidas por las Administraciones; Entes, Organismos y Entidades que integran el Sector Público, y la Administración de Justicia.

Asimismo, está regulado que, todo sitio Web y Aplicación que reciba financiación pública para su diseño o mantenimiento, deberá aplicar los criterios de accesibilidad, incluyéndose también los sitios relativos a aquellas Empresas que se encargan de gestionar la prestación de servicios públicos, especialmente los que tengan carácter educativo, sanitario, cultural, deportivo y de servicios sociales, además de los centros privados educativos, de formación o universitarios sostenidos de manera total o parcial por fondos públicos. La accesibilidad de las Web llega también a sectores de especial interés, suministradores de servicios públicos, Empresas con más de 6 millones de euros de facturación o con más de 100 trabajadores en sus plantillas. Cabe especificar en este punto que hay ciertas diferencias entre quienes deben tener sus Apps o sus Web accesibles, pero de lo que no hay duda es de que todas las Administraciones deben cumplir con la Norma.

En definitiva, la accesibilidad de Aplicaciones y Webs supone cumplir con una serie de requisitos para que las personas con discapacidad puedan acceder a los contenidos digitales en igualdad de condiciones que la población que no tiene discapacidad.

Estas Normas, surgen como fruto de la reivindicación durante muchos años del movimiento de las personas con discapacidad organizado que ante la Administración española y europea han defendido rotundamente nuestros derechos.

Verdaderamente, es un gran hito para nuestro colectivo poder disponer de una Norma que fija obligatoriedad en cuanto a la accesibilidad y debemos celebrar que así sea, pero ahora, viene el arduo camino de conseguir entre todos que la Norma se cumpla.

En este papel, en el de promover el cumplimiento de la Norma, estamos implicados todos, asociaciones como UP y SUPO o la ONCE o el CERMI, pero también cada uno de nosotros a nivel individual, reivindicando con educación, pero con firmeza nuestros derechos.

Quedamos desde la CEE de SUPO a vuestra disposición para cualquier aclaración sobre este o cualquier otro tema.

SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN.